España suspende en 6 de los 10 indicadores económicos que analiza la UE

Las noticias más calientes del día siguen llegando desde Bruselas, que no nos da tregua. Al problema del posible déficit inflado, del cual no se ha aclarado aún nada, se añade el hecho de que España ha suspendido el primer análisis de desequilibrios macroeconómicos de la Unión Europea, con un total de 6 suspensos en los 10 indicadores que se analizaban.
El Ejecutivo comunitario basa su análisis en diez indicadores macroeconómicos representativos de la situación económica-financiera de los distintos Estados en el año 2010. En concreto, España suspende en los siguientes apartados:

• Evolución del desempleo: 16,5 % frente al máximo permitido del 10%.
• Deuda del sector público: 61% frente al límite del 60%.
• Deuda del sector privado: 227% frente al máximo del 160%.
• Cuota de mercado exportador: la variación máxima permitida era del -6% y hemos llegado al -11,6%.
• Posición neta de inversiones: -89,5% frente a -35%.
• Balance por cuenta corriente: la horquilla permitida oscilaba entre un déficit del -4% y un superávit del 6%. España se queda en un -6,5% de déficit.

Y ahora vamos con los aprobados. Los únicos apartados en los que España pasa el corte son los que se refieren a las posiciones netas de inversión internacional, los costes laborales unitarios nominales, los tipos de intercambio efectivos y, abróchense los cinturones, los precios de la vivienda.
España, no obstante, no ha sido el único país que se ha llevado calabazas. El resto de países que han suspendido los tests macroeconómicos son Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Hungría, Eslovenia, Suecia y Reino Unido. No se incluyen en este grupo Grecia, Portugal y Rumanía debido a que están bajo un programa de supervisión o asistencia financiera. Tampoco hay entre los Veintisiete ningún país que tenga todos los indicadores aptos.
El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha señalado que estos países podrían recibir una serie de recomendaciones para que hagan las reformas pertinentes. Sólo en el caso de que no adopten medidas podría barajarse la posibilidad de imponer sanciones de hasta el 0,1% del PIB de cada país, que para el caso de España ascendería a 1.000 millones de euros.